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La Audiencia Nacional desestima la demanda de los controladores aéreos

Actualizado el Miércoles, 12-May-2010 13:22 (GMT+1)

MADRID.- La Audiencia Nacional ha desestimado la pretensión de USCA, las asociación mayoritaria de los controladores aéreos, para presentar una cuestión de inconstitucionalidad sobre el Real Decreto-Ley 1/2010, de 5 de febrero, que regula las condiciones laborales de estos trabajadores. Asimismo, la Sala de lo Social desestima la demanda de conflicto colectivo que plantearon los controladores y absuelve a AENA de sus peticiones y de la reclamación de volver a aplicar el I Convenio Colectivo que regulaba el trabajo de estos profesionales. La sentencia es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo.

En la sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Ricardo Bodas Martín, presidente de la Sala Social de la Audiencia Naciona, se declara que la Ley 9/2010, de 14 de abril, no es inconstitucional a juicio del tribunal. Asimismo, la sala coincide en que esta norma no es "una ley de caso único y menos una ley contra los controladores". Además, el tribunal reconoce en la sentencia que “la intervención del legislador no solo era obligada, sino que era imprescindible para corregir en el plazo más breve posible de tiempo una situación tan calamitosa”, refiriéndose a los costes de navegación que soporta AENA y que encarecen la tasa de navegación aérea.

Junto a todo esto, los tres magistrados de la Sala Social de la Audiencia Nacional estiman que esta situación “obligaba a regular de forma urgente el régimen de derechos y obligaciones de esos prestadores de servicios de tránsito aéreo”, además de “los tiempos de actividad y descanso de los controladores civiles de tránsito aéreo, como requisito imprescindible para garantizar la prestación segura del tránsito aéreo”. El tribunal también cree que era necesario regular “el descanso de los controladores, exigiendo necesariamente la regulación de la jornada, el número de horas extraordinarias y los tiempos de descanso […] y determinadas medidas transitorias, relacionadas con la restricción de la denominada licencia retribuida”.

"Fracaso" de la negociación colectiva

Además, para redondear el varapalo a los controladores, la sala enjuiciadora estima que la ley recurrida era necesaria “para garantizar la continuidad de un servicio, cuya esencialidad es notoria, que se había puesto precisamente en claro peligro como consecuencia de la negociación colectiva”. La sentencia de la Audiencia Nacional sigue explicando que se ha dado un “fracaso evidente de la negociación colectiva, cuya garantía institucional no sirve solamente para multiplicar geométricamente los derechos de un colectivo de trabajadores con gran poder de contratación, sino que debe contribuir necesariamente también a la competitividad de nuestras empresas”.

Pero el tribunal no acaba ahí y señala que “la negociación colectiva ha dejado de cumplir su función constitucional” si “provoca que el proveedor civil de servicios de tránsito aéreo se convierta en uno de los más ineficientes de nuestro entorno” , mientras “los controladores obtienen retribuciones millonarias y disfrutan de unas condiciones de trabajo en las que el poder de organización, planificación, dirección, gestión, supervisión y control de la prestación de dichos servicios se ‘cogestiona’ en el mejor de los casos y se desplaza individualmente a los propios controladores en el peor, como sucede con la disposición o no a prolongar la jornada, o a cambiar de turnos cuando lo exigen las necesidades del servicio”.

"Convenio atípico"

Por ello, el tribunal concluye que el I Convenio colectivo de los controladores aéreos, que data de 1999, es un “convenio atípico”, donde “se prima siempre los intereses de los controladores aéreos y nunca el servicio público de tránsito aéreo”. Los magistrados añaden que el convenio, “valorado en su conjunto, constituye indudablemente la mejor regulación de las condiciones de trabajo para una categoría de trabajadores, que se ha producido jamás en la historia de la negociación colectiva española”, algo que para el tribunal no es malo “si la contrapartida no hubiera sido la pérdida de la viabilidad económica del sistema de tránsito aéreo, así como la garantía de continuidad y seguridad del mismo”. Y es que la sala sentenciadora habla de los “beneficios introducidos por el convenio”, que  “se financian con dinero público, introduciendo, a título de ejemplo, derechos individuales, que permiten que el controlador no se desplace geográficamente, aunque concurran causas económicas, técnicas, organizativas”.

En febrero, el Gobierno aprobó un Real Decreto-Ley por el que AENA tomaba las riendas de la gestión y organización del trabajo de los controladores aéreos, algo que había dejado de ser así desde la firma del I Convenio Colectivo de estos trabajadores. José Blanco, ministro de Fomento, llegó a cifrar en más de 200.000 euros el salario medio anual de los controladores, entre otros "beneficios", como recoge la sentencia judicial. USCA, la asociación mayoritaría de este colectivo recurrió la aprobación de este decreto, que pasó a ser ley el pasado mes de abril, tras su tramitación parlamentaria de urgencia.

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