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La fiscalía acusa de sedición a 175 controladores ante los juzgados de Madrid

Actualizado el Miércoles, 29-Dic-2010 14:14 (GMT+1)
REVISTA80DIAS.ES

MADRID.- La Fiscalía de Madrid ha presentado denuncia contra 175 controladores por un presunto delito de sedición aérea, según ha confirmado Eduardo Esteban Rincón, fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, a Europa Press. La denuncia se ha enviado al Decanato de los Juzgados de Primera Instancia de Plaza de Castilla, que deberá enviar el caso al juzgado predeterminado por orden de reparto. El fiscal ha explicado que la acusación pública “intervendrá en las diligencias con todas las consecuencias”.

Una vez que un juzgado concreto se haga cargo de la instrucción, la fiscalía solicitará que los controladores denunciados declaren en el proceso como imputados por un delito penal. De momento, estos profesionales habían sido llamados por la fiscalía para declarar, pero se acogieron al derecho constitucional de no hacerlo. Los controladores no reconocían la competencia del fiscal para interrogarles, puesto que entienden que se les debe tomar declaración bajo la jurisdicción militar desde el momento que pasaron a ser movilizados por la declaración del estado de alarma.

El delito de sedición aérea se encuentra contemplado en la Ley 209/1964, de 24 de diciembre, penal y procesal de la Navegación Aérea, que en su artículo 20 tipifica que “Serán castigados con la pena de prisión menor, como reos de sedición, [...] los miembros de la tripulación de aeronaves o empleados de aeropuertos que, en número suficiente para perturbar el servicio, abandonen colectivamente sus funciones en la aeronave o el aeropuerto, en actitud de protesta, desobediencia coactiva o represalia contra el Comandante o Jefe respectivo”.

Es el Código Penal el que, en su artículo 545, sanciona con hasta diez años de prisión el delito de sedición para los que hubieren “inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores”, así como la inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena.

En el caso de que los imputados no sean los instigadores, el Código Penal prevé que “se impondrá la pena de cuatro a ocho años de prisión, y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años", según precisa el segundo punto del artículo 545 del Código Penal.

No es el único proceso que se desarrolla en los tribunales como consecuencia de la rebelión que protagonizaron los controladores los días 3 y 4 de diciembre, cuando abandonaron sus puestos de trabajo, ocasionando el cierre del espacio aéreo. Los propios controladores han recurrido su militarización ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por la presunta vulneración de derechos individuales.

Este colectivo se encontraba molesto por la modificación de sus condiciones laborales a través de varias normas en el último año. La interpretación del tiempo de trabajo de estos profesionales fue la gota que colmó el vaso.

Para obligarles a volver a sus puestos de trabajo, el Gobierno decretó el estado de alarma en los centros y torres de control de toda España, que se mantendrá previsiblemente hasta el próximo 15 de enero. Ello implica la militarización de los controladores y del espacio aéreo nacional.

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